El “Derecho Penal del Enemigo” y la estrategia de “Lawfare”

El “Derecho Penal del Enemigo” y la estrategia de “Lawfare”

Ya en anteriores oportunidades nos hemos referimos a la persecución política-judicial que el gobierno de Cambiemos despliega contra referentes políticos, sociales, sindicales y empresarios a los que considera “enemigos”. Ello por expresar voces contrarias a sus políticas y sus consecuencias.

Desde siempre, la persecución ejecutada por un Gobierno contra opositores/as, desde el ángulo del Derecho Penal, se vinculó con la doctrina del Derecho Penal del Enemigo. En la actualidad se nos habla de un proceso mucho más sutil y complejo denominado “Lawfare”.

Sin entrar en disquisiciones filosóficas o análisis duros de la dogmática penal y con muchas probabilidades de errar en la síntesis final, el Derecho Penal del Enemigo, se caracteriza por no considerar persona –y por ende no reconocer los atributos de la dignidad humana- al individuo imputado penalmente, y consecuentemente relativizar o directamente suprimir lo que denominamos “garantías constitucionales”.

Luego la consecuencia directa del Derecho Penal del Enemigo, es la afectación concreta de la real vigencia del Estado de Derecho.

Desde otro ángulo, podrá advertirse la dificultad del empleo del par dialectico amigo-enemigo. Ello, pues el concepto de “enemigo”, nos remite al concepto “guerra”, el cual parece no resulta ser apropiado si lo que se pretende desde el derecho es la solución pacífica de los conflictos.

En este punto no podrá soslayarse el criterio amigo-enemigo en Carl Schmitt, jurista, filósofo e ideólogo del nazismo.

Así, el par dialectico amigo-enemigo y la remisión al concepto de “guerra” (pueden recordarse frases del tipo: “guerra a las drogas”, “guerra al delito”), nos llevan al concepto actual de “Lawfare”.

Con similares limitaciones que las señaladas para el desarrollo de la idea del Derecho Penal del Enemigo, puede afirmarse, que la persecución judicial de la que es objeto el arco opositor al Gobierno, se enmarca en una evidente de estrategia del “Lawfare”.

Entendiendo el “Lawfare” como el modo de guerra no convencional en el que la ley es usada como un medio para conseguir un objetivo militar. (Ver Coronel Qiao Liang, Colonel WANG XIANQSUI, “Unrrestricted Warfare: China’s Master Plan to Destroy America (Hardback), Estados Unidos, Echo Point Books & Media 2015.)

“Lawfare”, es una nueva lógica política del neoliberalismo judicial, hace referencia al uso indebido de herramientas jurídicas para la persecución política, al uso de la ley como un arma para destruir al adversario político por vía judicial.

La estrategia de “Lawfare” requiera una justicia cómplice, medios de comunicación que trabajen en absoluta concordancia con el objetivo de despedazar a las expresiones populares y políticos que participen en el ataque, siempre propalado generosamente por los medios de comunicación y luego capitalicen los resultados de denostar, inhabilitar y desprestigiar a las representaciones populares que se enfrenten a los intereses de los grandes grupos económicos.

Se trata de una maniobra que se aparta del Estado de Derecho en nombre del Estado de Derecho, al igual que cuando se declara la guerra en nombre de la paz

Debemos recordar en este sentido que: “La categorización histórica-jurídica del Estado de derecho constituye la consagración de un proyecto ideológico que tuvo por objeto asegurar la libertad y especialmente, la seguridad de los individuos, mediante la demarcación de los límites entre el poder y la prepotencia, la discrecionalidad y la arbitrariedad […] En rigor, representan más que un mero límite, ya que constituyen el propio fundamento del sistema democrático y constitucional. La protección trasnacional refuerza esta perspectiva, al presentarse como una instancia internacional de protección de los derechos fundamentales, dada la real posibilidad de que los Estados incumplan los compromisos internacionales asumidos en los tratados regionales y universales de derechos humanos” (DUHALDE, Eduardo Luis. “El Estado Terrorista Argentino”. Ed. Colihue, CABA 2014, pág. 51).

El Derecho Penal del Enemigo y la estrategia del “Lawfare” y la consecuente nueva construcción del enemigo interno son parte de la realidad nacional, donde el Estado de Derecho se encuentra en estado de vulnerabilidad.

La construcción del Enemigo Interno y El Derecho Penal del Enemigo. Caso “guerra contra las drogas” de Richard Nixon.

En la década de los años 70, RICHARD NIXON, asume la Presidencia de los EE.UU. Con su llegada, el Partido Republicano termina con la cuasi hegemonía del Partido Demócrata.

En el período que se prolonga desde el año 1933 a 1969 –excepto por el mandato del republicano Dwight D. Eisenhower, se sucedieron Presidentes Demócratas, que podría decirse observaban –con matices- los lineamientos del “Estado de Bienestar”. (Franklin D. Roosevelt, Harry S. Truman, John F. Kennedy y Lyndon B. Johnson).

Por el contrario, Richard Nixon encarno el prototipo del “Estado de Malestar” o “Estado Gendarme”. Prototipos que hoy en día responde a los Estados caracterizados por imponer políticas neoliberales.

Bien, fue Richard Nixon quien inicia la “guerra contra las drogas”, centrada en la persecución del “consumidor/adicto delincuente”, dado que su conducta ponía en peligro la “Seguridad Nacional” por favorecer la “subversión”.

Es recordado el discurso de Richard Nixon, donde expreso frases tales como:

“No hay respeto sino se respeta la ley”

“Necesitamos una guerra total en EEUU contra los demonios que vemos en nuestras ciudades”

“Debemos dar lugar a lo que hemos llamado guerra total contra el enemigo n° 1 de los EEUU, las drogas peligrosas”

“Esta es una Nación de leyes, y como ha dicho Abraham Lincoln, nadie está sobre la ley, nadie está debajo de la ley y vamos a hacer cumplir la ley”

LOS ESTADOUNIDENSES DEBEN RECORDAR QUE VAMOS A IMPONER LA LEY Y EL ORDEN”

Como luego se supo, con esta “guerra a las drogas”, Nixon persiguió a quienes consideraba sus enemigos internos: el poder negro, el movimiento pacifista, el movimiento por la liberación de las mujeres y el movimiento gay.

John Ehrlichman, Secretario de Seguridad del Presidente Nixon, supo reconocer que las “guerras contra las drogas” había sido creada para “meter negros a la cárcel”.

La campaña de Nixon en el año 1968 y luego “La Casa Blanca de Nixon”, tuvieron dos “enemigos”, la izquierda antibélica y el poder negro.

“Hicimos que la población asocie a los hippies con la marihuana y a los negros con la heroína, y asi criminalizarlos con dureza y acabar con esas comunidades” (John Ehrlichman).

“Podíamos arrestar a sus líderes, allanar sus casas, parar sus reuniones y denigrarlos noche tras noche en los noticieros. ¿Si sabíamos que mentíamos? Claro que si” (John Ehrlichman)

La “guerra total contra las drogas” de Richard Nixon, fue avalada en nuestro país con el dictado de la ley 20.771.

En la misma línea de Richard Nixon, el Presidente Republicano Ronald Reagan (1981-1989), convirtió la guerra contra las drogas en una guerra literal, en la cual negros, hispanos y latinos fueron en masa a prisión.

El gobierno de Ronald Reagan se caracterizó por la desigualdad económica, la segregación y la criminalización total.

La construcción del Enemigo Interno y El Derecho Penal del Enemigo. Lawfare. Geopolítica. Caso “guerra contra la corrupción” de Donald Trump.

En este punto debemos iniciar refiriéndonos a Rex Tilerson, primer Secretario de Estado de los EE. UU, del Presidente Republicano Donald Trump.

Corresponde señalar que el Secretario de Estado en los EE. UU, es, además del encargado de las relaciones internacionales, el segundo miembro de mayor rango, tanto en línea de sucesión como de preferencia del Gabinete del Presidente de los Estados Unidos.

Antes, Rex Tilerson fue Presidente de Exxon Mobil Corporation entre 2006 y 2016, la quinta mayor empresa atendiendo a su capitalización de mercado.

Ahora bien, Rex Tilerson, formado en la Universidad de Texas, propugna la teoría que corresponde agregar a la agenda de la Defensa Nacional Norteamericana, la “guerra contra la corrupción” y asi poder operar contra las empresas chinas y rusas que amenazas los intereses de las empresas norteamericanas.

En este punto, también es de destacar la designación del ex Juez de Texas, doctor Edward Prado, como Embajador de los EE. UU en nuestro país.

En coincidencia con Rex Tilerson, Edward Prado ha afirmado que: “también son enemigos de los EE. UU, las empresas nacionales locales de cada país que de cualquier modo impidan u obstaculicen la participación de las empresas norteamericanas”.

Prado, desde su llegada, se mostró dispuesto a colaborar para “mejorar el sistema judicial argentino” y “permitir que las empresas norteamericanas vengan a la Argentina”.

Pero Prado enciende una alerta cuando habla de las relaciones bilaterales, esa alerta tiene nombre y apellido: CHINA. “la creciente de presencia de China ciertamente presenta un desafío para la región. Los esfuerzos de China por adecuar las reglas a la conveniencia de sus empresas y compañías en ocasiones chocan con el interés con la Argentina por mantener un orden mundial en términos de regulaciones” (declaraciones a Infobae).

Luego de estas designaciones y declaraciones, fuimos testigos en nuestro país, de cómo jueces y fiscales compitieron para ver quién era el primero es saciar la sed republicana que pidió a gritos encarcelar a cuanto kirchnerista andaba suelto.

Apreciamos, en tiempo real, como se forzaba el paradigma judicial en la construcción del enemigo interno, y una nueva doctrina de la Seguridad Nacional, que lejos de buscar la verdad y la transparencia, sólo busco garantizar la impunidad del poder financiero y mediático, para lograr la continuidad de las derechas en el poder.

Las causas “la ruta del dinero K”, “obra vial en Santa Cruz”, “cuadernos” –por mencionar solo algunas- son ejemplos de cómo el Poder Judicial se ha convertido en un factor determinante en los procesos destituyen tés (recuérdense los casos de Lula y Dilma en Brasil). El Poder Judicial no es un simple cómplice, sino que ahora resulta un eslabón central en la configuración de la nueva Doctrina de Seguridad Nacional.

Ya es tiempo que se entienda que todos los órganos del Estado, deben apegarse a derecho. Y los jueces con más razón.

 

Dr. Victor Hortel